Ecologistas en Acción Cantabria denuncia a través de una nota de prensa hecha pública este viernes que el área sur del Puerto de Santander y parte de la bahía santanderina, a cuyo área de influencia se circunscribe un área importante de nuestro término municipal, presenta unos niveles de calidad del aire "muy preocupantes".

El informe anual de Ecologistas en Acción de 2017 sobre calidad del aire ha recopilado datos de las 11 estaciones de control gestionadas por el Gobierno de Cantabria, y, por primera vez, de la estación de medición situada en el Puerto de Santander cuyo titular es la Autoridad Portuaria, ha explicado en un comunicado.

El mismo concreta que en 2017 los contaminantes que más incidencia tuvieron en Cantabria fueron las partículas PM10 y PM2,5, y de manera más localizada el dióxido de nitrógeno (NO2).

EA ha revelado que en el área de la Bahía de Santander y la comarca de Torrelavega (en las que vive más de la mitad de la población cántabra) se sobrepasaron los valores medios diarios y anuales recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para las partículas PM10.

Los datos de partículas han repuntado respecto a los últimos años por circunstancias meteorológicas pero también como consecuencia del incremento de un mayor tráfico de vehículos, aéreo y marítimo, ha explicado la organización ecologista.

En relación a la estación de medición del Puerto de Santander, destacan los elevados niveles de NO2 que exceden "de manera un tanto anómala" el valor límite horario establecido por la legislación para este contaminante, con 89 superaciones cuando las permitidas se limitan a 18 horas al año, llegando asimismo a registrar varias superaciones del umbral de alerta.

Los datos aportados por la estación de medición del Puerto, que está localizada en las dársenas de Raos, evidencian, según EA, un problema que está afectando a la calidad del aire del área industrial de la Bahía de Santander.

Esta estación de medición no solo mide el aire a partir del tráfico marino, sino también a partir del "enorme" trasiego de coches que se mueven en el área portuaria.

Y de forma "relevante y sinérgica", el elevado tráfico de vehículos pesados y de coches que transita por el nudo del enlace de Raos, entre la S-20 y la A-67, el cada vez mayor tráfico aéreo del aeropuerto Seve Ballesteros y los trenes de mercancías que llegan a Raos con cabezas tractoras diésel.

Entre la presencia de todos estos factores, la influencia de los buques ro-ro (que transportan coches) y de los graneleros (que atracan en otros muelles de Raos) puede quedar "más difuminada" en su contribución a los altos niveles de contaminación, aunque están "emitiendo en todo momento" mientras permanecen atracados al no estar equipados con motores eléctricos, advierten los ecologistas.

A ello se añade el "continuo movimiento" de coches de embarque y desembarque en los muelles, con una media de dos buques diarios de lunes a viernes, que pueden transportar entre 500 y 600 coches.

La industria siderúrgica y química situada en el municipio de Santander (Global Steel Wire), en los de El Astillero-Camargo (Ferroatlántica) y en el de Marina de Cudeyo (Repsol y Columbian Carbon), también contribuye al conjunto de emisiones que se miden en la estación del Puerto, pero por la distancia de los focos de emisión, son el tráfico de vehículos pesados vinculado a la Ciudad del Transporte, el tráfico de agitación del nudo de enlace de Raos, los despegues de aviones del aeropuerto, los trenes de mercancías y el movimiento de buques asociado al propio puerto los "factores determinantes" en los altos niveles de contaminación registrados, asegura EA.

"Como consecuencia de la situación, 365.000 cántabros, el 63% de la población, respiran un aire perjudicial para la salud según las recomendaciones de la OMS. Una situación que con seguridad irá a más en los próximos años", ha alertado.

Ecologistas en Acción ha denunciado por un presunto delito de falso testimonio al perito judicial que ha intervenido en el procedimiento que se sigue en el Juzgado de lo Contencioso nº 3 de Santander, promovido por la empresa COPSESA contra la orden de cierre de la planta de aglomerado asfáltico decretada por el Ayuntamiento de Camargo el 18 de febrero de 2014.

   En un comunicado de prensa, EA señala que este informe pericial ha servido de "justificación" a la jueza para dictar una sentencia favorable a COPSESA, "en contra de todos los informes de las administraciones públicas". Una sentencia que los ecologistas van a recurrir al considerarla claramente errónea. Además, se congratulan de que el Ayuntamiento tenga también intención de recurrir el fallo.

   La decisión municipal de cierre de las instalaciones arrancó en la denuncia que Ecologistas en Acción Cantabria presentó ante el Ayuntamiento de Camargo en noviembre de 2013, porque en las antiguas instalaciones de Emilio Bolado "existía una instalación clandestina de fabricación de aglomerado asfáltico que estaba explotando ilegalmente la empresa COSEPSA sin licencia y sin control ambiental".

   EA asegura que tanto los servicios técnicos municipales, como los técnicos del Gobierno de Cantabria, han emitido informes señalando que las instalaciones puestas en funcionamiento por Emilio Bolado en el año 1980 "han sufrido varias modificaciones que demandan una revisión de la licencia inicial, así como una evaluación de impacto ambiental" del conjunto de instalaciones que están funcionando en los antiguos terrenos de Emilio Bolado, comprados por la empresa COPSESA.

   Sin embargo, el perito judicial concluye lo contrario que los técnicos municipales, afirmando que la planta asfáltica "es básicamente la misma que la autorizada en 1980", a pesar, denuncia EA, de las pruebas que acreditan que el modelo actual es distinto, que se ha incrementado la potencia, los elementos, y que lleva 35 años en el mismo sitio, perdiendo su carácter de móvil y provisional.

   Según EA, el perito "falta a la verdad" cuando afirma que la planta no ha variado su potencia en 35 años; "omite de forma deliberada" la documentación aportada por la Consejería de Industria; y "da credibilidad" a dos informes aportados por la empresa COPSESA, firmados por INTRAME e INGEVERIS, que "informan falsamente de las instalaciones, frente a la documentación aportada tanto por el Ayuntamiento de Camargo como por las Consejerías de Industria y Medio Ambiente".

   "El perito judicial sabe y le consta que la planta de aglomerado asfáltico actual, adquirida por COPSESA, no es la planta autorizada por la licencia de 1980, que era planta asfáltica portátil sobre ruedas y provisional. A pesar de que ha dispuesto de toda la documentación, ha faltado a la verdad en relación a los datos de potencia, del modelo, la existencia o no de ruedas, los componentes, etc. de la citada planta", sostiene Ecologistas en Acción.

Ecologistas en Acción ha solicitado al Ayuntamiento de Camargo la paralización de las actividades en la cantera El Cubo, ubicado en el macizo de Peñas Negras, de la que es concesionaria Hormisa (Hormigones de Santander), del Grupo Sadisa, a la que acusa de "infringir" la normativa municipal de ruido y vibraciones y de carecer de licencia de obra y actividad.

    La asociación conservacionista ha pedido al Ayuntamiento que abra un expediente sancionador a la empresa por estos motivos pues, según Ecologistas en Acción, las actividades que Hormisa está realizando dentro de los límites municipales de Camargo "son ilegales y por lo tanto deben ser paralizadas hasta que la empresa tramite y obtenga su legalización".

   Además, ha reclamado que se tomen "de inmediato" las medidas para asegurar el "confort sonoro" de los vecinos próximos a la CA-240 a su paso por Escobedo a raíz de la circulación de camiones con destino o salida a la explotación El Cubo.

   La asociación se ha quejado que desde que en junio de 2012 un vecino presentó por primera vez una denuncia por ruido y vibraciones provocados "fundamentalmente" por la circulación de camiones en la carretera comarcal CA-240 que discurre por el núcleo urbano de Escobedo "no se han tomado medidas adecuadas al respecto".

   Y ha apuntado a que existen resoluciones vigentes del Gobierno de Cantabria que regulan el tráfico de camiones, así como planes de labores aprobados de los años 2014 y 2015 de esta cantera donde se establecen obligaciones de circulación y control progresivo para la eliminación de la circulación de camiones por la CA-240, que atraviesa varias localidades de Camargo, obligando a la empresa a efectuar la entrada y salida de los camiones por el acceso Norte, vía directa a la N-611 y a la autovía.

   Sin embargo, Ecologistas en Acción ha denunciado que contrariamente a estas obligaciones y planes impuestos por la Administración autonómica, la empresa Hormisa lo incumple "de forma diaria y sistemática, sin que exista control alguno sobre estas irregularidades denunciadas".   Ecologistas en Acción ha tachado de "permisiva" la actuaciónn de la Administración con la actividad empresarial.

Ecologistas en Acción Cantabria ha presentado el pasado 25 de marzo una denuncia ante el Director General de Industria  para que se adopten de inmediato las medidas necesarias para asegurar que se cumple la "Declaración de lmpacto Ambiental de la explotación minera e instalaciones industriales en Peñas Negras" y que se abra expediente sancionador a HORMISA. Este colectivo explica que después de siete años esta Declaración no se ha hecho cumplir en todos sus términos. La explotación El Cubo de HORMISA, está situada entre los municipios de Camargo, Piélagos y Bezana

Dicha Declaración ambiental, aceptada por HORMISA, obligaba a dicha empresa a trabajar en horario diurno y habilitar un acceso para la entrada y salida de camiones de la explotación minera e industrial por la N-611, “siendo obligatorio incorporarse a la A-67 por el enlace de Santa Cruz de Bezana”, evitando expresamente la circulación por carreteras comarcales. El objetivo era evitar molestias a la población.Los vecinos afectados han presentando sucesivas denuncias ante diversas administraciones en estos tres últimos años.Ante la falta de respuesta de la Dirección General de Industria, los vecinos recurrieron a la Dirección General de Medio Ambiente (DGMA) quien responde a las denuncias el 10 de marzo de 2014, señalando como más destacado entre otras cuestiones.

La Dirección General de Medio Ambiente ha instado en este tiempo a la de Industria al cumplimiento inmediato de esta cuestión “la salida o llegada de vehículos se efectuará aprovechando las pistas forestales o de trabajo hasta conectar con los acceso a la carretera nacional, evitando circular por tramos urbanos o travesías de carreteras”. Utilizar de modo prioritario el mismo acceso para entrada y salida de productos derivados de las actividades industriales”

Además, según Ecologistas en Acción,  la Dirección General de Medio Ambiente, a tenor del Estudio Acústico, verifica que existen varios incumplimientos de la legislación estatal sobre ruido, así como el incumplimiento de la ordenanza municipal del Ayuntamiento de Camargo sobre Protección del Medio Ambiente contra la emisión de Ruidos y Vibraciones. Sobre el trabajo en horario nocturno, la Dirección General de Medio Ambiente reconoce que carece de datos, porque ni la empresa ni esa Dirección General de Industria han informado de esa circunstancia, a pesar de las múltiples denuncias efectuadas. La Dirección General de Medio Ambiente ha comunicado a esa Dirección General de Industria la obligación que tiene de impedir que la empresa realice cualquier tipo de actividad extractiva, productiva o transporte de materiales en horario nocturno.

Ecologistas en Acción explica finalmente que ha pasado todo un año desde que la Dirección General de Industria recibiera dicha notificación por parte de la Dirección General de Medio Ambiente y a día de hoy ninguna medida se ha puesto en práctica para reducir las molestias a los vecinos de la CA-240, aunque la orden era para cumplirse de inmediato.Por todo ello, desde Ecologistas en Acción tiene previsto presentar en breve una denuncia ante la Fiscalía por estos hechos.

Ecologistas en Acción informa en un comunicado hecho público este viernes que el pasado 18 de marzo este colectivo presentó un escrito dirigido al Alcalde de Camargo solicitando que adoptara de inmediato las medidas necesarias para asegurar el confort sonoro de los vecinos próximos a la CA-240 a su paso por Escobedo, y que esa gestión y otras encaminadas a lograr el mismo objetivo siguen sin respuesta.

Esta solicitud viene justificada -según este colectivo ecologista- por el hecho de que han pasado casi tres años desde que un grupo de vecinos de Escobedo (68 firmas) denunciaran exceso velocidad y exceso de tráfico pesado circulando por Escobedo de Camargo, "sobre todo camiones procedentes de la cantera El Cubo, de la empresa HORMISA, que atravesaban el pueblo provocando un intenso ruido y vibraciones que perjudicaba el bienestar de los vecinos"

La única acción emprendida por el Ayuntamiento -lamenta este colectivo- fue el encargo de un estudio del ruido que fue realizado en enero de 2013, pero "tuvieron que pasar varios meses para que el Estudio Acústico fuera entregado a los vecinos denunciantes" La conclusión del citado informe -según se expresa en este comunicado- es que "se incumple la normativa de Ruido y Vibraciones del propio ayuntamiento de Camargo y la Normativa Estatal"

En la nota se recuerda que el Alcalde de Camargo Diego Movellán en Marzo de 2013 declara ante los Medios que el Ayuntamiento que "procederá a realizar controles del tráfico de camiones por parte de la Policía Local, así como establecer un compromiso de reducción y limitación de camiones por vía la urbana que cruza Escobedo de Camargo", a la vez que propondría "mejoras en las ordenanzas para cerramientos de mayor altura y poder reducir ruidos molestos de la carretera"...

En este sentido, también se traslada en este comunicado de prensa, que la Consejería de Obras Públicas, para limitar la velocidad de los vehículos en la CA-240, ha instalado finalmente tres pasos de peatones sobreelevados con un límite de 50 km/h, aunque "el número tan escaso de badenes y la separación entre estos (superan distancias de 400 metros entre ellos) ha provocado que su efectividad haya sido casi nula para reducir la velocidad y con poca efectividad frente al ruido del tráfico excesivo de camiones"

"Son numerosos los escritos presentados en el Ayuntamiento y los intentos fallidos de concretar actuaciones", continúa Ecologistas en Acción, sin respuesta, aunque sí "llama poderosamente la atención una respuesta de los concejales Carmen Solana Isla y Guillermo Plaza Salas en la que se pone de manifiesto su preocupación por los puestos de trabajo y por el posible perjuicio a la actividad empresarial", manifestaciones firmadas por ambos concejales que "nos alarman por cuanto las demandas vecinales se vienen produciendo desde hace tres años sin que desde el Ayuntamiento de Camargo se haya tomado una sola medida para paliar las molestias de los vecinos afectados, más allá de declaraciones públicas en los medios de comunicación y de promesas en las variadas reuniones que se han celebrado"

Ecologistas en Acción por último entiende que la conducta "permisiva" del Ayuntamiento con la actividad empresarial y a la vez irresponsable con las demandas vecinales, "rompe el supuesto equilibrio entre ambos intereses, cuando lo único que está en juego es que unos vecinos protestan por unas molestias evitables, por una parte haciendo respetar las ordenanzas municipales sobre el ruido y vibraciones, y por otra, respetando el condicionado ambiental que ordena, entre otros extremos, la circulación de camiones de la cantera El Cubo por la N-611"

Ecologistas en Acción Cantabria y la Plataforma 'Aire Limpio y Transparencia' informan a través de una nota pública enviada a los Medios este martes que el juzgado de instrucción nº 4 de Santander ha ampliado las imputaciones a David Redondo, Director General de Medio Ambiente en diligencias previas 5129/2014, en las que también están imputados Domingo San Emeterio (dueño de COPSESA) y el Director General de Industria.  Le ha imputado -según estos colectivos- por dos posibles delitos (prevaricación y contra el medio ambiente) por las denuncias realizadas por la Plataforma de vecinos y Ecologistas en Acción Cantabria contra la planta de aglomerado asfáltico de la empresa COPSESA en Igollo (Camargo).

En el cronograma judicial del proceso -según se explica en la nota de Ecologistas en Acción- la Consejería de Medio Ambiente acordó el cierre de las actividades en las instalaciones compradas por COPSESA a los herederos de EMILIO BOLADO por carecer de autorización ambiental y lo comunicó a la Consejería de Industria y a los ayuntamientos de Camargo y Santander, términos municipales donde se ubican las instalaciones fabriles.

Tanto la Consejería de Industria como el Ayuntamiento de Camargo ordenaron en un principio el cierre de las instalaciones, pero la empresa COPSESA lo recurrió, y ambas administraciones suspendieron el cierre de la actividad, que siguió funcionando hasta que el juzgado de lo contencioso ordenó su cierre de nuevo. El recurso de COPSESA ante la Consejería de Industria no fue contestado dentro del plazo de un mes establecido legalmente y por ello la empresa reanudó su actividad.

El juez valora que el Director General de Medio Ambiente, aun conociendo que el plazo legal para responder era de un mes, no respondió a dos requerimientos de la Consejería de Industria para emitir un informe sobre si COPSESA debía tramitar o no la autorización ambiental, ante las discrepancias de los técnicos de la Consejería de Industria.

La falta de respuesta en el plazo legal por parte de David Redondo, Director General de Medio Ambiente, a los requerimientos de Industria ha sido determinante para que el juez le cite a declarar el 5 de junio como imputado por un posible delito de prevaricación administrativa omisiva y otro contra el medio ambiente.

El juez señala en el auto de 5 de marzo que David Redondo deberá responder sobre la obligación o no de que COPSESA tenga que tramitar la declaración de impacto ambiental, las razones del cambio de criterio de su Dirección General, la aclaración sobre si se han producido cambios o no en la planta de aglomerado asfáltico de la empresa, etc.

Tanto la Plataforma vecinal como Ecologistas en Acción Cantabria se felicitan "por esta nueva imputación que esperamos que no sea la última, debido al despropósito que se ha producido con la autorización a COPSESA para reanudar la actividad en las antiguas instalaciones de EMILIO BOLADO, en terrenos tanto del ayuntamiento de Camargo como de Santander"

Han tenido que ser los tribunales de justicia, continúa la nota, tanto el de lo contencioso administrativo, como el penal de instrucción, "quienes están poniendo las cosas en su sitio, obligando a respetar la legalidad, ya que algunas administraciones no lo han hecho y por ello, de momento, dos de sus responsables están imputados por dos posibles delitos"

'Ecologistas en Acción' a través de un comunicado se ha referido a las declaraciones previas de los imputados en la denuncia efectuada por este colectivo contra Copsesa (en la foto de esta noticia imagen de la planta ubicada en Igollo) y el Director General de Industria por presunto delito contra el Medio Ambiente en un caso y de prevaricación en otro, declaraciones que forman parte de las diligencias previas seguidas en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander y que han tenido lugar en la mañana del jueves 26 de febrero.

En esa nota esta Asociación ecologista valora los testimonios de José Domingo San Emeterio, representante legal de COPSESA, también alcalde de Ramales, imputado por un presunto delito contra el medio ambiente y Fernando Rodríguez Puertas, Director General de Industria, imputado por un presunto delito de prevaricación.

'Ambos imputados han respondido a muchas preguntas, aunque en menor medida a nuestra abogada, algunas de cuyas preguntas no fueron aceptadas por el juez' , dice este colectivo ecologista, que valora el hecho de que (aun siendo las declaraciones amplias, en la mayor parte de las contestaciones) no se ha entrado en el fondo del asunto, es decir, 'si la planta de aglomerado asfáltico ha estado funcionando sin la autorización ambiental pertinente, que es la base de la denuncia presentada ante la fiscalía por la asociación de vecinos y Ecologistas en Acción'

En este sentido, el Director General de Industria 'se ha escudado en los informes de sus propios técnicos que le han informado que la planta de aglomerado asfáltico no precisaba de autorización ambiental, en contraposición con los informes de la Consejería de Medio Ambiente que sostenía que se debía tramitar la autorización ambiental del conjunto de actividades de las instalaciones de COPSESA en Igollo y Ojáiz.

Ecologistas en Acción considera 'asombroso' que las instalaciones de la extinta empresa Emilio Bolado hayan estado funcionando sin autorización ambiental desde el año1980 hasta 2012 y cuando se reinicia la actividad con otro titular, COPSESA, al comprar las instalaciones en 2013, tampoco se exija evaluación ambiental alguna.

Estas instalaciones sufrieron diversas modificaciones a lo largo de los años y ninguna administración demandó a la empresa Emilio Bolado la exigible evaluación ambiental.

'Llama la atención' -prosigue Ecologistas en Acción- en las declaraciones del representante legal de COPSESA la afirmación de que no tenía intención de fabricar el llamado “green road”, un aglomerado asfaltico compuesto de neumáticos viejos y escorias de acería. Eso lo desmienten las repetidas declaraciones públicas de la empresa que aparecieron en todos los medios de Cantabria, dice la nota.

Ambos declarantes manifestaron desconocer los motivos por los que la Dirección General de Medio Ambiente no emitió un informe solicitado por la Dirección de Industria en el plazo obligado de un mes, hecho que permitió reanudar la actividad en la planta de aglomerado asfáltico, a pesar de que le había sido comunicado a la empresa que debía tramitar la evaluación ambiental antes de iniciar la actividad industrial.

Sorprende -prosigue esta Asociación ecologista- que José Domingo San Emeterio manifestara que no ha desobedecido las órdenes de paralización de la actividad, señalando que los tres trabajadores que se encontraban en la planta 'sólo estaban para labores de mantenimiento, como por ejemplo, mantener la temperatura que evitara la solidificación del betún'

Están pendientes también las declaraciones de los miembros del SEPRONA que acudieron en varias ocasiones a comprobar la actividad en las instalaciones.

A consecuencia de los testimonios del Director General y de Domingo San Emeterio, y una vez declaren los agentes del SEPRONA, 'estudiaremos la petición de nuevas diligencias y quizás nuevas imputaciones', termina diciendo 'Ecologistas en Acción'

Ecologistas en Acción y la Plataforma por el aire puro y la transparencia comunican a través de una nota de prensa que la que la imputación por posible delito de prevaricación del empresario Domingo San Emeterio, propietario de la empresa Copsesa, y del Director General de Industria Fernando Javier Rodríguez "da la razón a la lucha de estos colectivos que desde el primer momento denunciaron la puesta en marcha de esta planta de conglomerado asfáltico sin las respectivas autorizaciones"

Y es que el magistrado del Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander ha llamado a declarar "en calidad de imputados" al responsable de COPSESA y al alcalde de Ramales de la Victoria, Domingo San Emeterio, y al director general de Industria, Fernando Javier Rodríguez, por el funcionamiento de la planta de aglomerado asfáltico de Igollo sin autorización ambiental. El juez admite así a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) a raíz de las denuncias de la plataforma vecinal Por el Aire Puro y la Trasparencia de Camargo y Ecologistas en Acción Cantabria.

Ambas asociaciones creen que, "como imputado", Domingo San Emeterio, alcalde de Ramales y miembro del Comité Ejecutivo del Partido Popular de Cantabria, "debiera abandonar dichos cargos a la mayor brevedad".

En su opinión, "resulta poco ético que la empresa COPSESA sea una de las mayores adjudicatarias de proyectos de obra y construcción de numerosos ayuntamientos y del Gobierno de Cantabria, siendo su máximo administrador dirigente y alcalde del PP".

En un auto fechado el 25 de noviembre el juez Luis Enrique García Delgado señala que "conforme a un juicio inicial de mera verosimilitud de la denuncia", San Emeterio podría responder de un delito contra el medio ambiente, mientras que el director general de Industria del Gobierno de Cantabria podría ser imputado "en forma provisional e interina" por un delito de prevaricación administrativa.

Además de admitir a trámite la denuncia de la Fiscalía y citar a declarar como imputados a San Emeterio y Rodríguez, el juez pide a la Dirección General de Industria que certifique si la resolución paralizadora del 18 de julio de 2014 está en vigor; insta al CIMA a realizar mediciones para determinar la incidencia ambiental de la planta; y pide al Seprona que informe si COPSESA ha continuado desarrollando actividad en estas instalaciones después de la resolución de suspensión de julio.

El auto señala que COPSESA ha modificado las instalaciones -antiguamente propiedad de Emilio Bolado- para convertirlas en una planta de aglomerado asfaltico sin la previa declaración de Impacto Ambiental, procedimiento que "no se solicitó en ningún momento". Por esta razón el Ayuntamiento de Camargo acordó la clausura de la actividad en junio pasado y la Dirección General de Industria decretó la suspensión el 18 de julio.

Por lo que se refiere al director general de Industria, el auto señala que "pese a que por la propia Fiscalía se informó a la Dirección General de Innovación e Industria en fecha 16 de octubre de 2014 de que la actividad clausurada se seguía realizando clandestinamente incluso en horas nocturnas, contraviniéndose así la prohibición que se impuso en fecha 18 de julio de 2014, por parte de la citada Dirección, no consta realizada actuación alguna tendente a hacer cumplir la resolución de paralización acordada".

Además, añade que "tampoco ha remitido certificación de que la resolución paralizadora esté en vigor, ni ha aportado testimonio integro del expediente administrativo en el que se acordó y dejó sin efecto la mencionada resolución".

La plataforma vecinal Por el Aire Puro y la Trasparencia de Camargo y Ecologistas en Acción señalan en nota de prensa que pese a que sus denuncias consiguieron que tanto el Ayuntamiento de Camargo como la Consejería de Industria decretaran el cierre de las instalaciones, "incomprensiblemente", los recursos de COPSESA "le permitieron mantener en funcionamiento la actividad en la planta de aglomerado asfáltico sin las autorizaciones legales".

La semana pasada el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santander rechazó la petición de COPSESA de suspender cautelarmente la orden municipal de cierre de la planta de aglomerado asfáltico, tras lo cual el alcalde de Camargo, Diego Movellán, ordenó la clausura de la planta.

En ese auto, la jueza Ana Rosa Araujo afirmaba que la empresa no ha acreditado ni aportado documento alguno que justifique la inversión realizada en las instalaciones, el número de puestos de trabajo afectados, las subvenciones recibidas o las posibles causas de cierre y liquidación de la citada empresa en el caso de clausura de la actividad.

Los colectivos 'Ecologistas en acción' y la 'Plataforma por el aire puro y la transparencia' muestran su satisfacción en un comunicado por el auto judicial de la Magistrada del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 3 de Santander que rechaza la petición de COPSESA de suspender cautelarmente la orden municipal de cierre de la planta de aglomerado asfáltico en sus instalaciones de Igollo, 'a pesar de carecer de autorización para ello'. Decisión judicial que además impone el pago de las costas judiciales a la Empresa.

La Magistrada señala en el Auto que la empresa COPSESA no ha acreditado ni aportado documento alguno que justifique la inversión realizada en las instalaciones, el número de puestos de trabajo afectados, las subvenciones recibidas o las posibles causas de cierre y liquidación de la citada empresa en el caso de clausura de la actividad.

'Ha tenido que ser la decisión judicial quien haya puesto las cosas en su sitio, pues tanto el ayuntamiento de Camargo, como las Consejerías de Industria y Medio Ambiente, han mareado la perdiz durante casi un año, poniendo trabas a la Plataforma vecinal, a la Junta Vecinal de Igollo y a Ecologistas en Acción, actuando a favor de la empresa, que ha podido mantener su actividad productiva careciendo de las autorizaciones ambientales que le son exigibles a las demás empresas', dicen estos colectivos en su nota.

'La falta de responsabilidad de estas tres administraciones ha sido clara y por ello las tres asociaciones nos hemos visto obligadas a denunciar los hechos ante la Fiscalía que ha pedido apertura de diligencias penales por estimar que en todo este procedimiento administrativo se han cometido delitos que están por delimitar en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander', subrayan.

Hemos denunciado que a pesar de que la Consejería de Medio Ambiente notificó el 16 de junio a los ayuntamientos de Camargo y Santander, y a la Consejería de Industria que las actividades desarrolladas en las instalaciones de COPSESA carecían de la autorización ambiental, han buscado diversos subterfugios para dejar sin efecto la clausura y cierre de las instalaciones ilegales. Sobre este punto el Ayuntamiento de Camargo ha querido aclarar que el Consistorio camargués 'no figura en modo alguno como denunciado en este proceso' y ha hecho mostrado la parte del auto de diligencias previas 'donde se detalla la relación de denunciantes y denunciados, y 'donde queda claro la relación de denunciantes y denunciados'

Los colectivos 'Ecologistas en acción' y la 'Plataforma por el aire puro y la transparencia' Ayer explican que el jueves solicitaron al Ayuntamiento de Camargo el cierre de las instalaciones después de conocer el auto judicial que desestimaba las pretensiones de la empresa COPSESA de seguir su actividad aún careciendo de las autorizaciones legales necesarias.

Tal y como les contábamos a principios de agosto la empresa Copsesa (Obras Públicas San Emeterio S.A.), propiedad de José Domingo San Emeterio, Alcalde de Ramales de la Victoria, había recurrido la orden de paralización de su planta de conglomerado asfáltico decretada por el Ayuntamiento de Camargo por carecer de licencia y autorización ambiental, pretensión empresarial de seguir funcionando contra la que ‘Ecologistas en Acción’ y una plataforma vecinal habían presentado alegaciones el 31 de julio.

Recordamos que estos colectivos subrayaban que la Planta de Cacicedo se encontraba paralizada ‘por orden de la Consejería de Medioambiente ejecutada por el Ayto de Camargo, al determinar su cierre por carecer de autorización ambiental’. Una clausura temporal ordenada por el Consistorio que tuvo lugar el pasado 21 de junio. Por cierto, la  paralización de la actividad de esta empresa afectaba también a la planta de hormigón que la Firma tiene en Santander, por los mismos motivos.

Pues bien… El Ayto de Camargo, en base a informes técnicos y supeditando la decisión a que la Justicia resuelva finalmente, ha decidido rectificar y permitir a COPSESA el reinicio de su actividad. Una posibilidad ya contemplada en la orden inicial de clausura temporal ‘aunque no se dispusiera de la preceptiva licencia ambiental necesaria’

No obstante el permiso municipal introduce una condición clave: que la empresa presente un recurso contra el decreto de cierre para que sea la Justicia quien se pronuncie sobre la validez o no de la documentación presentada. COPSESA, así todo, a pesar de contar ya con esta autorización de reapertura aún no ha retomado la actividad.

Entre los argumentos de la Empresa para evitar la clausura figura la ‘no existencia de daño o al interés público, o las pérdidas ‘irreparables’ en forma de menoscabo económico, supresión de 13 puestos de trabajo o pérdida de concesión para la explotación de una cantera. Por parte de la parte contraria figura precisamente el argumento contrario: el daño evidente e irreparable a los intereses generales.

‘Ecologistas en Acción’ y las plataformas vecinales denunciantes (la Asociación Virgen de Loreto, la ‘Plataforma por el Aire Puro’ y la Junta vecinal de Igollo se han posicionado en contra) consideran un error y una decepción la decisión del Ayuntamiento de rectificar y permitir la reanudación de la actividad industrial de COPSESA.

Sin embargo también muestran su fe en la Justicia. Consideran que el ‘Juez tendrá que decretar de nuevo el cierre temporal porque la legislación es clara, y sin licencia de actividad ni de impacto ambiental no se puede funcionar’